Cuatro estudiantes de la carrera de Derecho resultaron ganadores del concurso “Mejor tesis de Derecho 2022” convocado por la Facultad de Derecho y Humanidades de la Univerisdad Central.
Uno de los objetivos de esta instancia fue promover las competencias investigativas de las y los estudiantes centralinos, así como también la divulgación de sus trabajos para visibilizar la producción científica a los fines de posicionarse como un referente en temas de interés para la Región de Coquimbo.
De esta forma, la Comisión de Evaluación determinó premiar con un segundo lugar a las estudiantes Kenyerit Escrich Loyola y Valentina Jauregui Sáez, por su trabajo titulado: “El derecho a desobedecer como un derecho garante respecto a otros derechos fundamentales”.
Al respecto ambas estudiantes indicaron sentirse sorprendidas pero también agradecidas. Por su parte, Valentina indicó que “Fue sorpresivo e inesperado. Hicimos la tesis con toda la dedicación del mundo ya que en lo particular a mí me interesa el derecho constitucional. Fue arduo y tratamos de hacerlo con harto cariño y es bonito saber que ese esfuerzo tuvo frutos”.
El trabajo realizado fue destacado por lo innovador y contingente de la temática ya que abordó el derecho a la rebelión y las injusticias que se puedan producir en ese contexto, además evidenció la inexistencia de una regulación que le entregue las herramientas al Estado para afrontar -de buena forma- este tipo situaciones como las vividas en el estallido social del 2019.
Por otra parte, la labor con las docentes fue fundamental para lograr concluir con éxito la investigación presentada al concurso. “Queremos agradecer el acompañamiento de las académicas, además del apoyo que tuvimos de parte de la profesora Lorayne Finol, también queremos destacar a la docente Natalia Moreno, ya que fue un pilar muy grande y nos incentivó durante todo el proceso investigativo”.
Finalmente el tercer lugar del concurso correspondió a la tesis de los estudiantes Claudio Bugueño y Franco Guerra por su trabajo titulado “Infancia migrante y la obligación de protección del Interés superior del niño”.