La Dra. María Angélica Benavides participó en la primera mesa “Fundamentos del orden institucional”, en este encuentro organizado por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y la Universidad de Chile.
La académica de la Facultad de Derecho y Humanidades (FACDEH) y directora del Magíster en Derecho Público, María Angélica Benavides, participó de las II Jornadas del Proceso Constitucional, organizadas por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y la Universidad de Chile. La instancia convocó a miembros de la academia y de la Comisión Experta, para conversar y analizar distintos tópicos de lo que eventualmente será la próxima Constitución.
La profesora Benavides expuso en la primera mesa del encuentro “Fundamentos del orden institucional” junto a los docentes Catalina Lagos (Universidad Alberto Hurtado e integrante de la Comisión Experta), Emilio Pfeffer (Universidad del Desarrollo) y Rubén Martinez Dalmau (U. de Valencia), quienes se abocaron al análisis de las normas propuestas hasta ahora por el Comité de Expertos y las enmiendas aprobadas por el Consejo Constitucional, y que constituyen el primer Capítulo del proyecto.
La Dra. Benavides indicó que “dentro de las múltiples enmiendas y observando el artículo aprobado por la Comisón de Expertos, en materia de relación entre el Derecho Internacional y Constitucional, es necesario señalar que sólo una de las enmiendas se aleja de los consensos tanto doctrinarios como el de los otros expertos y consejeros. Haciendo un paralelismo es posible indicar que en materia de tratados internacionales, sólo la enmienda republicana no otorga rango constitucional a los tratados en materia de DDHH”.
Según comentó la académica del Doctorado en Derecho, las dos grandes obligaciones de un Estado son cumplir tanto el Derecho Constitucional como el internacional convencional, “una jerarquía inferior de los tratados nos devuelve a una época ya zanjada en esta materia”, dijo.
En su intervención, también observó que la propuesta de contemplar un principio de interpretación compatible es acertada, “ya que existiendo las dos mencionadas obligaciones estatales no es posible desconocer la aplicación de ninguna de las dos, salvo un retiro de los tratados o bien una reforma constitucional. En ese escenario si bien la determinación de una relación de jerarquía equivalente entre Constitución y tratados parece acertada, una obligación de interpretación compatible lleva al operador del derecho a indagar el sentido y alcance de ambas normas de manera de no dejar fuera ninguna de las dos”.
Finalmente, la experta en Derecho Internacional sostuvo que la norma que está siendo discutida, sobre la obligación de cumplimiento de las sentencias internacionales, señala que es conveniente que la nueva Carta contemple una obligación legal de determinación de los órganos que deberán hacer cumplir una sentencia internacional dictada en contra de Chile.