Miércoles 30 de Septiembre de 2020
La Comisión de Verdad y Reconciliación tuvo ocho miembros ad honorem y fue liderada por el jurista y político Raúl Rettig, quien anteriormente se desempeñó como embajador de Brasil, en el Gobierno de la Unidad del Presidente Salvador Allende.
Con estas palabras inició el abogado y doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, Jorge Ulloa Plaza, la primera charla del ciclo “A 30 años del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación”, que organizó el Instituto de Investigación y Postgrado, de la Facultad de Derecho y Humanidades de la UCEN.
“Hemos querido dar una vuelta más allá de lo referido a la transición y a la investigación de las violaciones a los derechos humanos. La conmemoración de los 30 años de este informe es un pretexto para constatar que hace 30 años el estado inició un tiempo constitucional de verdad y reconciliación que no ha tenido un cierre efectivo ni justo”.
El secretario de Facultad sostuvo que Chile más allá de la justicia y la reparación, tiene una necesidad de memoria y que en este tiempo de proceso constituyente, no hay que creer que la Constitución será reescrita desde una página en blanco, ya que el respeto por los derechos humanos consagrados por tratados internacionales suscritos por nuestro país, es parte del marco o límite que no se puede exceder en el debate constituyente.
Mariela Ávila, doctora en Filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso, argumentó que el informe Rettig tuvo que dejar contentos a los sectores polarizados de la época y además lograr una alta aceptación ciudadana.
“Este documento hizo un análisis exclusivo de los muertos y desaparecidos pero dejó fuera otras formas de violencia política, como la tortura, violaciones y el exilio. Este último, invisibilizado y retirado de la esfera pública, sin que hayan mediado políticas públicas destinadas a hacerse cargo del trauma y la tragedia del desarraigo”, apuntó la experta.
La segunda charla del ciclo estuvo a cargo de la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien leyó un par de cartas que recopila el libro “Infancia y Dictadura” y que da cuenta de la violencia y desarraigo de los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violación a los derechos humanos.
“El informe de la Comisión constató 2. 298 casos de víctimas de violaciones de los derechos humanos y víctimas de la violencia política, con resultado de muerte. De ese total, 49 eran menores de 16 años, 269 tenían entre 16 y 20 años, 307 de ellos eran menores de 20 años que fueron ejecutados y 75 de estos, quedaron desaparecidos”, declaró.
Agregó que la dictadura militar dejó aproximadamente 700 niños huérfanos y que pese a los esfuerzos del Informe Rettig y después de la Comisión Valech, el tema de los menores nunca fue visibilizado ni reparado.
La Defensora de la Niñez dijo que en este último año hemos tenido muchos episodios de violencia producto del estallido social, con un impacto físico y emocional devastador para nuestros niños y niñas. “La violencia es una deuda pendiente en el país y el Estado ha sido incapaz de dar espacios de contención y reparación a las víctimas”, finalizó.
La directora del área de Derecho Privado de la Facultad, Dra. Lucía Rizik, reforzó la idea de justicia para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia política, y señaló que una reparación efectiva sería una señal ética del Estado, por entregar una salida a este tema.